EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MANIFESTACIÓN DÍA 23 DE JUNIO
MANIFIESTO:
La UE,
el FMI y el BCE nos obligan a priorizar el pago de la deuda a cualquier
necesidad social y nuestros Gobiernos cumplen con su papel servil a los
intereses del capital financiero y transnacional. Las consecuencias son claras
y los ejemplos son Grecia, Portugal o Irlanda. Nuestros derechos fundamentales
son un lastre para sus beneficios y necesitan eliminarlos:
· El Real Decreto 14/2012 de Educación supone una
agresión sin precedentes cuya consecuencia es el desmantelamiento de la
educación pública: masificación de aulas, despidos masivos de profesorado,
supresión de aulas en pueblos y ciudades… que se suman a la eliminación de
programas y paralización de nuevas infraestructuras en Aragón. Además, la nueva
regulación para libros y comedor deja sin ayuda a la mayoría de las familias y
eso supondrá un incremento brutal en el coste por hij@ que van a tener que
asumir. El desmantelamiento de la educación pública sólo cumple un objetivo:
allanar el camino a la privatización de este derecho. En la universidad,
siguiendo las pautas del Proceso de Bolonia (Espacio Europeo de Educación
Superior), el incremento de tasas, las restricciones para el acceso a las becas
y la amenaza de eliminación de titulaciones sienta las bases de una educación
al alcance de muy pocos.
· El Real Decreto 16/2012 de Sanidad acaba con el
derecho a la salud. Impone restricciones y establece el pago parcial o total de
servicios como prótesis, medicamentos o transporte sanitario. Perjudicando
especialmente a enfermos crónicos y ancianos. Excluye de la asistencia
sanitaria a mayores de 26 años sin acceso al primer empleo, inmigrantes “en
situación administrativa irregular” Mientras, la entrada de la empresa privada
en la sanidad pública (ley 15/97) convierte la salud en un negocio.
· El Real Decreto 3/2012 de Reforma Laboral
suprime numerosos derechos laborales y es, en definitiva, una autopista para el
empobrecimiento de l@s trabajador@s. El único objetivo, tanto de ésta como de
la anterior reforma laboral, es mantener la tasa de beneficio empresarial y
liberar recursos para que puedan pagar sus deudas a costa de los salarios y
condiciones laborales.
· El Real Decreto Ley 20/2011 de Medidas Urgentes
para la Corrección
del Déficit Público impide la incorporación de empleados públicos, así como la
prohibición a las administraciones locales de creación de empresas públicas que
gestionen directamente las competencias municipales. Se impone la privatización
de los distintos Servicios como la “única salida” posible.
En Aragón la responsabilidad de aplicación de
estos decretos corresponde a los partidos en el gobierno PP-PAR a quien hay que
exigirle la responsabilidad de su aplicación.
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